Juan Manzur anunció que no hay que declarar la emergencia sanitaria porque ya está declarada desde la crisis de 2002. ¿Acaso lo ignoraban Graciela Ocaña, los ministros provinciales y el mismo Manzur cuando discutían si era pertinente declararla? Claro que no.
La emergencia sanitaria, el decreto 486-2002 firmado por Eduardo Duhalde, Ginés González García, "dengue" Capitanich, De Mendiguren y otros en marzo del 2002 permitió que tanto el sistema público como el privado disminuyeran, so capa de la crisis, las prestaciones previstas por el Plan Médico Obligatorio, que fue sustituido por un PMO de Emergencia aún vigente. De este modo, recortaron infinidad de prácticas y legalizaron la privatización y tercerización de los servicios públicos.
Por ejemplo, aumentaron de los 40 a los 50 años la cobertura de las mamografías, método básico de detección del cáncer de mama, en el mismo período en que crecía esta patología en las mujeres jóvenes. Permitieron esterilizar y reutilizar material desechable. Eliminaron las prácticas de medicina preventiva y las prótesis odontológicas. Limitaron la cantidad de remedios con cobertura y bajaron del 50 al 40% los descuentos obligatorios en las obras sociales y las prepagas. Eliminaron prestaciones indispensables para la tercera edad y los discapacitados, incluidas muchas de rehabilitación. También el plazo para realizar cirugías programadas.
"El decreto de emergencia sanitaria lo único que hizo fue legitimar la reducción del PMO, al disminuir las obligaciones de cobertura que prepagas y obras sociales deben ofrecer al ciudadano usuario. El Estado aparece para proteger a los prestadores para que puedan cerrar sus cuentas y no a los destinatarios de la atención, a quienes les aplica la reducción de sus derechos", opinaba entonces Silvia Quadrelli, titular del Médicos del Mundo Argentina (misionesonline, 21/10/02).
Cuando es imperioso aumentar el presupuesto de salud, reforzar las dotaciones de personal, aumentar las camas de internación, garantizar el acceso universal a los medicamentos y a las prácticas, la "emergencia sanitaria" que el gobierno desempolvó es la que consumó la destrucción del sistema público de salud.
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